BOGOTA
Un mal manejo financiero y contable de los recursos de regalías asignado a 30 gobernaciones del país encontró la Contraloría General de la República. El resultado es fruto de las auditorías Financieras que entre 2017 y el primer semestre de 2018 realizó el entre de control a los recursos del Sistema General de Regalías manejado por las entidades territoriales – vigencias 2012 a 2016 –.
El organismo de control halló una seria omisión de la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación, en materia de manejo de los recursos del SGR, dando como resultado errores contables que no permiten determinar la realidad de la fotografía financiera de los recursos del SGR, resaltando la indebida contabilización de algunos activos, el no reconocimiento de los hechos económicos y el débil seguimiento y control de las áreas de contabilidad y control interno.
“Los ciudadanos no saben si tienen una escuela, si tienen una carretera, es decir, no se están registrando. A la larga lo más valiosos, y podríamos compararlo con la contabilidad de la casa: si yo compro un carro y lo registro como gasto, pues no tengo carro, pues estoy llevando todo como un carro, al fin no estoy capitalizando nada, no estoy construyendo mi patrimonio, así mismo pasa con las regiones. Aquí no se está construyendo el patrimonio de las regiones, se está deteriorando”, manifestó la contralora delegada Intersectorial, Juliana Uribe Guzmán.
Hallazgos detectados
Como resultado de estos procesos auditores, se presentaron un total de 187 hallazgos administrativos, de los cuales 130 presentan incidencia disciplinaria, 3 presunta connotación penal y 4 posible alcance fiscal por valor de $784.283.359. Adicionalmente, se obtuvieron 3 beneficios de auditoría por valor de $60.278.426.
Estos hallazgos dejan en evidencia serias falencias en las estructuras organizacionales de las entidades auditadas, debilidades de control interno y ausencia u omisión de procedimientos contables.
Fueron auditadas las Gobernaciones de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada,
Las auditorías financieras realizadas abarcaron también 3 entidades ejecutoras: el Banco Agrario de Colombia, la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIUM) y la Corporación Ruta N (centro de innovación y negocios de Medellín).
Quizá uno de los departamentos cuya situación resulta más preocupante, es el caso de la Gobernación de la Guajira, donde inicialmente no se entregó información a la Contraloría con el argumento de que a raíz de un fallo en la base de datos “se borró toda la información contable”.
