Lo acusan de conformar el grupo delictivo «Los Doce Apóstoles»
Unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron efectiva una orden de captura contra Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario y actual senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. En la detención del ganadero su esquema de seguridad se opuso a ella.
Desde finales de los 90 a Santiago Uribe se le relaciona con un proceso judicial por supuestos vínculos con grupos armados al margen de la ley y en la presunta creación de un grupo criminal conocido como “Los Doce Apóstoles”, que operaba en el norte antioqueño, en comprensión del municipio de Yarumal.
Los hechos que vinculan a Santiago Uribe Vélez con bandas delincuenciales cuando se denunció la actividad de esta agrupación y la muerte de una persona en predios de la finca la Carolina, de propiedad de los Uribe Vélez.
Algunos testigos de la época han entregado información a la Fiscalía dentro de esas investigaciones, entre ellos policías retirados y personas particulares, quienes señalan al hermano del senador Uribe, como uno de los líderes de esas bandas paramilitares.
El Policía, Juan Carlos Meneses Quintero, acusó a Santiago Uribe luego de su salida del país cuando entregó detalles sobre las actuaciones de este grupo armado ilegal, que se dedicaba -dicen quienes dieron la versión- a la ‘limpieza social’, y al parecer, era financiado por ganaderos y comerciantes del norte antioqueño.
En la sede de la Fiscalía en el norte de Medellín se adelantan los trámites de captura de Uribe Vélez para su inmediato traslado a las instalaciones de Fiscalía en Bogotá, donde proseguirán las diligencias de este proceso judicial.
Cabe señalar que Uribe fue escuchado en indagatoria en la Fiscalía en 2013, luego de que fuera señalado de haber supuestamente haber financiado dicho grupo armado ilegal.
El caballista Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue capturado por la Fiscalía en Medellín dentro del proceso de investigación por la creación del grupo paramilitar ‘los 12 Apóstoles’, responsabilizado de decenas de muertes en el Oriente antioqueño. Deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir.
La orden de captura se produjo porque un fiscal solicito la medida por considera que Santiago Uribe tuvo un papel determinante en esa organización criminal.
Uribe ha sido citado varias veces por Fiscalía para dar explicaciones sobre sus supuestos nexos con grupos paramilitares, en particular el denominado ‘los 12 Apóstoles’, y las órdenes que se habrían dado desde la finca La Carolina para cometer varios crímenes en el sector de Yarumal (Antioquia).
El principal testigo en el caso es el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, investigado por los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar y quien ha señalado a Uribe como uno de los jefes de esa banda. En el proceso, Meneses declaró que se cometieron crímenes con la colaboración de Santiago Uribe.
Según la Fiscalía, en el crimen del conductor Camilo Barrientos, por el que es procesado Meneses, hubo una estrategia establecida por ‘los 12 Apóstoles’, que empleó influencias para que la Policía les colaborara en una campaña para asesinar personas que consideraban guerrilleros.
La defensa del ganadero ha señalado que las acusaciones son parte de un complot y de hecho denunciaron a Meneses por el delito de falso testimonio.
El 3 de marzo de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le negó una tutela a Santiago Uribe, en la que pedía que se le ordenara al fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema que definiera su situación jurídica.
En la acción de tutela Uribe afirma que se le “están vulnerando sus garantías fundamentales al debido proceso”.
Uribe sostiene que aunque desde el 22 de diciembre de 1995 se abrió una investigación penal en su contra por una declaración de Albeiro Martínez Vergara, desde entonces el caso no ha avanzado ni la Fiscalía ha definido si le imputa cargos o archiva el proceso en su contra.
La Corte Suprema negó la tutela al considerar que “no es procedente” porque la justicia constitucional no puede “inmiscuirse” en trámites judiciales en curso, o ya terminados, “para interferir, modificar o sustituir las determinaciones allí pronunciadas”.
En mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, por petición del fiscal delegado ante ese tribunal, pidió el testimonio del paramilitar Salvatore Mancuso.
Equipo de la AGENCIA DE NOTICIAS RPTV
Periodista: Paula Katerine Bolívar Pinilla
Redacción y concepto periodístico: Héctor Sarasti
Cámara y Edición: Valentina Sendoya
