El caso más reciente es del Tomás Martínez Minota, requerido por el Distrito Este de Texas y el Distrito Sur de la Florida por delitos relacionados con tráfico de drogas.
El Ministerio de Justicia y del Derecho autorizó la extradición de Tomás Martínez Minota, requerido desde 2016 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas y por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por cargos relacionados con tráfico de drogas.
El Gobierno Nacional tomó la decisión mediante la Resolución 152 de 2018, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazara la solicitud elevada por dicho ciudadano, quien en mayo de 2017 argumentó ser miembro de las Farc, y por lo tanto, consideró que le eran aplicables los beneficios de este tribunal.
Al negar el recurso interpuesto por Martínez, la JEP precisó en junio pasado que no existe ningún documento que indique relación alguna, de militancia o apoyo, a la entonces organización insurgente.
De igual forma, en virtud a los listados recibidos y aceptados, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló semanas atrás que no ha suscrito ningún acto mediante el cual se reconozca al ciudadano mencionado como integrante de las Farc.
En lo corrido de 2018 el Gobierno Nacional ha avalado la extradición de otros seis ciudadanos que hacían parte de la delincuencia común y pretendían obtener beneficios del Acuerdo de Paz. Se trata de Édison Washington Prado, Rubén Durán Moreno, Leonardo Adrián Vera, Diego Fernando Arizala, Robinson Alberto Castro y Édinson Perlaza Orobio, todos ellos excluidos de las listas de las Farc y requeridos en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional estudian los casos de otras personas en condiciones similares.
