Días antes de su muerte, el esmeraldero le había dado visto bueno a la cesión de la mina que lo hizo afortunado.
Por: Norbey Quevedo Hernández
El 28 de diciembre de 2012, en calidad de representante legal de la Compañía Colombiana de Explotaciones Mineras (Coexminas), Edwin Bayardo Molina Castañeda notificó a la Agencia Nacional Minera la decisión de ceder a la sociedad Puerto Arturo S. A. S. un título minero para la explotación de esmeraldas en la región de Muzo y Quípama (Boyacá). Esta solicitud, pendiente de aprobación en la Agencia Nacional Minera, fue quizás el último movimiento económico de Víctor Carranza, su familia y sus principales socios en el negocio esmeraldífero.
Según conoció El Espectador, el título minero perteneciente a Coexminas desde mediados de los años 80, cuando Víctor Carranza aún aparecía en los registros mercantiles, sigue siendo la joya de la corona en el negocio de la explotación de esmeraldas. Estadísticas recientes muestran que en los últimos ocho años, para efectos de pago de regalías, declaró la extracción de 152.693 quilates. Sin embargo, en los últimos tiempos, una empresa norteamericana se mostró interesada en comprarla y a Carranza nunca le molestó esta idea.
Según fuentes consultadas por este diario, en parte porque presentía la proximidad de su muerte y también porque creía oportuno hacerlo para preservar el patrimonio de su familia, Carranza apoyó la cesión del título minero. Aunque el zar de las esmeraldas dejó de figurar en los papeles mercantiles desde 1990, otros de sus socios no compartían mucho el proyecto de la cesión. No obstante, 24 horas antes de la solicitud se creó la empresa Puerto Arturo S. A. S., justamente para concretar ese traspaso del título minero de Muzo y Quípama.
Lo paradójico es que una sociedad como Coexminas Ltda., que hasta 2002 integraba los intereses de las familias del propio Carranza, de los sucesores de su compañero de andanzas en el occidente de Boyacá, Gilberto Molina, y de su primer socio Juan Beetar, de ser aprobada la cesión por la Agencia Nacional Minera, seguirá en las mismas manos, pero con flexibilidad para su eventual venta. La nueva firma Puerto Arturo tiene el mismo representante legal de Coexminas, Edwin Bayardo Molina, nieto de Gilberto Molina, asesinado en 1989.
La historia de este contrato se entrelaza con la cronología del auge económico del fallecido Víctor Carranza. Según los reportes de la desaparecida Empresa Colombiana de Minas (Ecominas) —hoy Agencia Nacional Minera—, el negocio se selló el 21 de marzo de 1977 y les permitió a sus dueños la exploración y explotación de esmeraldas en un área de 639 hectáreas localizada en la Reserva Nacional de Muzo. Aunque Carranza ya tenía licencias desde los años 60, en un momento crucial del negocio, este fue el contrato determinante.
Antes de 1984 el contrato tuvo dos modificaciones, porque además de las prórrogas, se amplió el número de sus hectáreas y se le cedió el 50% de los derechos a la Sociedad Minera de Muzo Ltda. Sin embargo, a partir del 2 de agosto de ese año, todos los derechos y las obligaciones pasaron a Coexminas y en diciembre se dividió el área del contrato en tres zonas con una nueva prórroga de diez años. En esa época Víctor Carranza figuraba en los registros junto a sus socios Gilberto Molina, Juan Beetar, Julio Roberto Silva, entre otros.
En 1991 se volvió a alinderar el área del contrato y tres años después, cuando se vencía su vigencia, se prorrogó por un año más. No obstante, en junio de 1995, vino el momento cumbre para el negocio. Luego de una renovación del contrato, se fijó en 25 años su término de duración, de tal manera que su vencimiento se proyectó hasta noviembre de 2020. Ya inmerso en antecedentes judiciales, pero absuelto dos veces, Víctor Carranza dejó de aparecer en los papeles de la empresa. Sus familiares y socios quedaron al frente.
A pesar de que en marzo de 2003 se redujo el área de explotación a 55,6 hectáreas, el 8 de marzo de 2011, a través de un otrosí, en el contrato se decidió incluir una cláusula de prórroga. En el documento inscrito en el Registro Nacional Minero se dispuso que el contrato podrá prorrogarse por 20 años más, pero debe solicitarse dos años antes de su vencimiento. Desde ese momento el Grupo de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional Minera está pendiente de evaluar técnicamente la viabilidad de la solicitud de Coexminas.
Sólo que la respuesta comenzó a demorarse, vino la propuesta de compra desde el exterior y la salud de Víctor Carranza se agravó. Estas circunstancias cambiaron la perspectiva del contrato. En medio de las diferencias internas sobre las perspectivas del negocio, porque Carranza estaba seguro de vender a un buen postor, pero sus socios no tanto, se fue aplazando el asunto. De todos modos, el pasado diciembre se formalizó la solicitud de cesión del contrato a la sociedad Puerto Arturo, hecho que de alguna manera la dejaría en manos de una empresa sin antecedentes.
Si bien la decisión le corresponde a la Agencia Nacional Minera, así como al Servicio Geológico Colombiano evaluar un concepto técnico sobre la integración de contratos con prórroga incluida, la muerte de Carranza podría plantear cambios. Sin que se sepa a ciencia cierta cuál de sus cinco hijos va a ser la voz dominante entre sus herederos ni tampoco cuál será el derrotero adoptado por sus socios, lo cierto es que así como nadie puede predecir si se reeditará la guerra verde, tampoco hay certeza sobre el último negocio de Víctor Carranza.
Las otras actividades económicas del zar
Además del negocio de exploración y explotación de esmeraldas, en el que llegó a ser el mayor innovador, debido a que estuvo a punto de crear la primera bolsa mundial de las gemas, la otra actividad a la cual le dedicó buena parte de sus días Víctor Carranza fue a la ganadería, en especial con su empresa Nare.
La compra y venta de tierras, el negocio de la hotelería y, por supuesto, el comercio fueron otros de los frentes que le permitieron convertirse en un verdadero potentado. De hecho, estuvo reseñado en publicaciones mundiales como uno de los grandes exportadores de esmeraldas de Colombia.
Hoy, algunos de esos predios utilizados para la ganadería o las actividades agrícolas son objeto de debate en Incoder. Aunque uno de sus últimos abogados aseguró que su cliente nunca presionó a nadie para comprar tierras y que por el contrario tuvo que abandonar algunas fincas por la violencia, los procesos apenas comienzan.
Por: Norbey Quevedo Hernández
