El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le propuso al Gobierno Nacional presentar un proyecto de ley para modificar las corporaciones autónomas regionales, a las que calificó de ser el “nido de corrupción más grande que ataca los derechos fundamentales en Colombia”, y expresó su oposición a la propuesta de impulsar en el escenario de las Naciones Unidas la creación de una Corte Penal Anticorrupción.
Durante el conversatorio ‘La corrupción en Colombia’, organizado por la Universidad Externado, el Procurador realizó varias intervenciones referentes al anuncio del gobierno que propone crear un bloque de búsqueda para ponerle freno a los corruptos.
En la jornada también participaron la Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.
Carrillo aseguró que el proyecto debe tener como primer objetivo las CAR, precisó que el ente de control adelanta más de 250 indagaciones, otras 43 investigaciones y cerca de 30 acciones preventivas relacionadas con casos de corrupción en las corporaciones autónomas, procesos a los que se suman las actuaciones que llevan la Fiscalía, en lo penal, y la Contraloría en lo fiscal.
“Señora Vicepresidenta, usted que ha sido siempre tan contundente en esta materia, presentemos un proyecto al Congreso para modificar las corporaciones autónomas regionales, demos esa pelea que la han perdido todos los gobiernos en las últimas décadas. Cerremos el frente de cara a una de las peores expresiones de corrupción regional que se ha presentado en Colombia, porque ustedes saben que están feriadas a la política regional”.
El jefe del Ministerio Público, explicó que la institución a la que se le ha entregado el manejo ambiental, necesita de reformas y que junto con la Fiscalía y el nuevo gobierno, lograrán apartar a los corruptos del manejo de la política ambiental en las regiones de Colombia.
Finalmente, el Procurador General hizo un llamado para que se respete la independencia de los órganos de control, del poder judicial y de libertad de prensa.
