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Saturday 21 October 2017
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Corte Constitucional tiene la última palabra para que Unitrópico sea pública

Corte Constitucional tiene la última palabra para que Unitrópico sea pública

Foto archivo

Fue radicada la objeción presidencial para que ésta tome la decisión final

Por medio del Secretario General del Senado Gregorio Eljach Pacheco, el Congreso de la República radicó ante la Corte Constitucional para su estudio el proyecto de ley por medio del cual se facultan legalmente al Gobernador de Casanare y a la Asamblea del departamento para que trasformen a UNITROPICO en la universidad pública de los casanareños y la Orinoquia.

Dicha radicación se hace en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo  199 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) , dado que el proyecto de Ley No. 122 de 2016 Senado – 211 de 2016 Cámara fue objetado por inconstitucionalidad e inconveniencia por el Presidente Juan Manuel Santos, objeciones que se rechazaron por el Congreso sin un solo voto en contra tal como sucedió en todas sus discusiones o debates.

Observando la Ley 5 de 1992, ésta establece en el artículo 199 numeral 1 lo siguiente:

“Si fuere por inconstitucionalidad y las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que decida sobre su exequibilidad dentro de los seis (6) días siguientes.

Este fallo obliga al Presidente a sancionar la ley y a promulgarla. Pero, si se declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga o integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Cumplido este trámite, se remitirá a la Corte el proyecto para su fallo definitivo.”

Expuesto lo anterior se puede considerar que el futuro de que Casanare cuente con una universidad pública propia está en manos de la Corte Constitucional, que finalmente decidirá dado el espaldarazo dado por el Congreso de la Republica a dicha iniciativa de ley.

La decisión final tardaría unos 4 meses, observando el procedimiento que han tenido otras objeciones presidenciales.




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