A audiencia exalcalde de Puerto López, Meta

Leonardo Cruz García, alcalde de Puerto López

De acuerdo con el material probatorio recaudado, el alcalde no habría requerido al contratista para que cumpliera con las especificaciones previstas contractualmente.

La Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia al exalcalde de Puerto López, Meta, Leonardo Cruz García, y al interventor del Consorcio J&H, Julián Daniel Molano Castilla, por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana del municipio, que superó los $4.780 millones de pesos.

Al parecer los investigados habrían omitido el control de la calidad de las obras recibidas en los barrios El Vergel, Mangos, Menegua y Villa Morelia, donde se evidenciaron varias losas de pavimento rígido que presentan fallas funcionales que afectarían la seguridad ciudadana.

En segundo lugar, se le reprochó al interventor, por posiblemente haber recibido a satisfacción obras que no habrían sido ejecutadas en su totalidad, y haber autorizado un pago al contratista por $4.309.406.957, que representarían el 90,49% del contrato, a pesar de que se habría ejecutado solo el 55%, equivalente a $2.619.192.673.
Para el Ministerio Público, Molano Castilla podría haber transgredido el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que contempla como deber de los interventores exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o certificar como recibida a satisfacción una obra ejecutada a cabalidad.

La presunta conducta del exalcalde Cruz García fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave, por cuanto a pesar de haber sido informado de los incumplimientos, no habría declarado la caducidad del contrato ni hecho efectivas las multas pactadas.

Las faltas que involucrarían al interventor del Consorcio J&H fueron calificadas como gravísimas a título de culpa grave.

En ejercicio del derecho que les asiste, los investigados podrán solicitar o allegar las pruebas que estimen pertinentes y conducentes para su defensa, durante la audiencia que se cumplirá el 3 de octubre de 2018.

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